Zayira Jordán Conde: Gestión, Relato y Poder en la UPR

Eliseo R. Colón Zayas, Ph.D.

Presidente Fundación Periodismo Siglo 21

Luego de que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico intentara destituir a la presidenta Zayira Jordán Conde por un margen mínimo, la escena pública cambió de registro. Lo que comenzó como una crisis institucional se convirtió en una operación de narrativa. La presidenta inició un recorrido mediático donde el eje no fue la rendición de cuentas, sino la reafirmación de su legitimidad.

Zayira Jordán Conde defiende su gestión construyendo una narrativa de supervivencia. Y en esa narrativa hay una operación precisa: mover el foco.

Cuando el poder tambalea, el primer reflejo no es rendir cuentas; es reorganizar la escena. No se discute la estructura presupuestaria. No se discute la responsabilidad consolidada de la Presidencia sobre el presupuesto del sistema. No se discute el régimen de austeridad impuesto por la Junta de Control Fiscal. Se discute el Recinto más importante del Sistema UPR.

El Recinto de Río Piedras se convierte en pantalla.

Y el contexto político de esta discusión sobre gestión, relato y poder en la UPR no es irrelevante.

En medio de esta controversia, el Senado confirmó a Vanessa Santo Domingo como miembro de la Junta de Gobierno tras su nombramiento por la gobernadora, añadiendo un voto clave en la composición del organismo que evalúa la permanencia presidencial. El dato no es accesorio; es estructural. La gobernanza universitaria está atravesada por designaciones políticas.

En ese escenario, desplazar la responsabilidad hacia el Recinto de Río Piedras es discutible y  conceptualmente problemático.

Lectores, esto es un gesto clásico de reacomodar la narrativa para que el problema parezca ajeno. Cuando el centro de todo, Zayra Jordán Conde, no puede asumir su falla estructural, produce un otro que absorbe la culpa. No se trata de mentir descaradamente; se trata de reorganizar la manera en que se presenta su incapacidad de administrar la universidad para que la responsabilidad parezca localizada en el lugar equivocado.

El problema no es que una presidenta defienda su gestión. El problema es cómo y dónde lo hace —y qué preguntas no se le hacen.

En las entrevistas recientes, particularmente en El Nuevo Día y el Canal 11, el discurso se ha estructurado alrededor de dos ideas: que la crisis es heredada y que la responsabilidad del deterioro infraestructural del Recinto de Río Piedras no recae en la Presidencia. Sin embargo, el Senado Académico del Recinto respondió con una carta formal fechada el 26 de febrero de 2026, titulada “Aclaratoria y repudio a las expresiones públicas de la Dra. Zayira Jordán Conde sobre la responsabilidad del deterioro infraestructural del Recinto de Río Piedras”.

La carta del Senado Académico del Recinto de Río Piedras es contundente.

En ella se señala que la Ley de la Universidad de Puerto Rico establece que la Presidencia prepara el presupuesto consolidado del sistema y que los proyectos de mejoras permanentes y capital se gestionan desde la Administración Central, no desde las rectorías. También documenta que el Recinto sólo recibe alrededor de $2.4 millones anuales para mantenimiento cuando necesita al menos $12.5 millones. La reconstrucción de la subestación eléctrica requiere $25 millones que no se han concretado.

El Senado cuestiona a Zayra Jordán Conde y documenta.

Aquí se produce una fractura importante. Mientras la presidenta expone su versión en medios de circulación masiva como El Nuevo Día y el Canal 11, el órgano académico del principal recinto del sistema la contradice por escrito, con base legal y presupuestaria. El contraste no es menor: de un lado, entrevistas; del otro, evidencia normativa.

Sin embargo, la cobertura mediática ha tendido a privilegiar la declaración presidencial sobre el análisis estructural. No se ha visto un desmontaje sistemático de las afirmaciones públicas frente al marco jurídico citado por el Senado. No se ha visto una confrontación directa entre narrativa y documento. Se ha reproducido el discurso; no se ha tensionado.

Esto no significa que el periodismo deba convertirse en tribunal. Significa que, ante una controversia documentada, el rol crítico exige contraste.

Una de las imágenes oficiales que acompaña a Zayra Jordán Conde en las redes sociales tampoco es neutra. La fotografía oficial de la presidenta que aparece en algunas redes sociales construye un “cuerpo ejecutivo universitario”. No construye un “cuerpo intelectual”.

Traje negro estructurado. Perlas clásicas. Reloj prominente. Prendedor institucional. Fondo natural cuidadosamente iluminado. Es el código visual del liderazgo corporativo con legitimación pública. No es la iconografía del académico-investigador ni del intelectual público; es la del CEO institucional.

La semiótica aquí no habla de ostentación como exceso, sino de alineación simbólica con el campo empresarial.

Y ahí está la tensión.

En una universidad pública, ¿se espera un liderazgo académico o un liderazgo corporativo?

Cuando la presidenta habla de gestión, eficiencia y administración, su imagen ya ha respondido visualmente: liderazgo corporativo. Cuando el Senado Académico habla de presupuesto estructural, distribución de competencias y responsabilidad institucional, habla desde el campo normativo universitario y de liderazgo académico.

La crisis es presupuestaria, pero, también, es epistémica. ¿Quién define el problema? ¿Quién enuncia la responsabilidad? ¿Quién controla el relato?

El documento del Senado afirma que la Presidencia no ha respondido adecuadamente a comunicaciones formales sobre la insuficiencia presupuestaria y exige un cambio en la cultura de gobernanza universitaria basado en evidencia verificable y rendición de cuentas. Esa exigencia no es retórica; es institucional.

Mientras tanto, el discurso mediático se desplaza hacia la personalización del conflicto: si la presidenta resiste, si la Junta la apoya, si la rectora es responsable. La estructura queda fuera de cuadro.

El problema no es que Zayira Jordán Conde hable. El problema es que el debate público desde la prensa del país no ha sido estructurado como confrontación de evidencia, sino como circulación de declaraciones Jordán Conde.

Una universidad pública no es una corporación. No es un tablero donde se juega a la permanencia estratégica. Es un espacio de producción de conocimiento, crítica y responsabilidad colectiva.

Si la imagen de la presidenta construye un cuerpo ejecutivo, la carta del Senado intenta reconstruir un cuerpo institucional.

Entre ambos se juega el sentido de la Universidad de Puerto Rico.

En una universidad pública sometida a recortes, supervisión fiscal y designaciones políticas, ¿se espera un liderazgo académico que confronte estructuralmente la precariedad o un liderazgo corporativo que administre la escasez?

La prensa pudo haber hecho esa pregunta.

Pudo haber confrontado la declaración presidencial con la carta del Senado. Pudo haber cruzado la Ley de la Universidad de Puerto Rico con las cifras de asignación presupuestaria. Pudo haber contextualizado el nombramiento reciente a la Junta de Gobierno dentro de la correlación de fuerzas que define la permanencia de la presidenta.

No lo hizo.

Sin contrapregunta no hay desmontaje.

Sin desmontaje no hay análisis.

Y sin análisis, la universidad pública queda atrapada entre relato institucional y austeridad estructural.

La crisis de la UPR no es sólo fiscal. Es discursiva.

Y, cuando la prensa renuncia a tensionar el poder con evidencia, deja de ser espacio de fiscalización y se convierte en corredor de transmisión.

La universidad merece más que declaraciones.

Merece preguntas.

Y en esa disputa, la pregunta final no es sobre relojes ni perlas. Es sobre poder.