La Junta de Gobierno de la UPR: La Trampa Legal que ejecuta Jenniffer González

Podría parecer una queja menor. Un gesto nostálgico. Un lamento generacional. Pero no lo es. Porque esa reducción del pensamiento a esquemas administrables, esa conversión del conocimiento en cápsulas repetibles no es un accidente pedagógico. Es el síntoma de algo más profundo: la transformación de la universidad en una institución donde pensar deja de ser un ejercicio crítico para convertirse en un proceso administrado.

Eliseo R. Colón Zayas, Ph.D.

Presidente Fundación Periodismo Siglo 21

En un post de Facebook, el amigo y colega de la UPR, el profesor Carlos Pabón Ortega, lamentaba lo que llamó un comentario anacrónico: esa modalidad, cada vez más extendida, de sustituir la lectura por presentaciones en PowerPoint, donde las ideas se reducen a “bullets” e ilustraciones que simplifican —cuando no empobrecen— el pensamiento académico. A lo querida amiga y colega, la escritora Magali García Ramis, añadió con esa precisión quirúrgica que ella siempre tiene: el verdadero tedio no está en la herramienta, sino en que las láminas repiten exactamente lo que el presentador dice, como si pensar y decir fueran redundancias administrativas. Y remata con una imagen perfecta: talleres de seis horas para explicar lo que podría decirse en una.

Podría parecer una queja menor. Un gesto nostálgico. Un lamento generacional. Pero no lo es. Porque esa reducción del pensamiento a esquemas administrables, esa conversión del conocimiento en cápsulas repetibles no es un accidente pedagógico. Es el síntoma de algo más profundo: la transformación de la universidad en una institución donde pensar deja de ser un ejercicio crítico para convertirse en un proceso administrado.

Y ahí comienza, en realidad, la historia que el país insiste en olvidar.

Hay algo casi enternecedor en la discusión pública actual sobre la Universidad de Puerto Rico. De momento, el país parece descubrir —con indignación genuina, titulares urgentes y análisis de sobremesa— que la Junta de Gobierno responde al poder político. Que La Fortaleza interviene. Que los nombramientos no son neutros. Que la universidad está siendo dirigida desde afuera.

Como si todo esto fuera nuevo. Como si no estuviéramos viendo, simplemente, la versión más honesta —y menos disimulada— de un diseño institucional que lleva más de treinta años funcionando exactamente para eso.

Porque la historia no comienza con Zayira Jordán Conde, ni con la intervención de Jenniffer González, ni con el nombramiento de Vanessa Santo Domingo. La historia comienza en 1993, cuando el gobierno decidió que la universidad no debía gobernarse a sí misma.

Y el Tribunal Supremo, en Consejo de Educación Superior v. Rosselló González, decidió que eso estaba perfectamente bien.

1. La trampa perfecta: legal, pero no inocente

Puerto Rico olvida —o prefiere olvidar— que ese caso no resolvió la tensión entre autonomía universitaria y control político. Lo que hizo fue algo más sofisticado: la legalizó.

El Tribunal dijo, en esencia que el Estado puede diseñar la estructura de la universidad. Puede nombrar. Puede organizar. Puede controlar la gobernanza. Siempre que no se meta —directamente— en el contenido académico.

Y ahí está la trampa.

Porque no hace falta censurar ideas cuando se controla la estructura que decide: quién dirige, qué programas existen, qué se financia, qué desaparece

Es el tipo de poder que no necesita gritar. Administra. Y, es lo que hace la Junta de Gobierno de la UPR.

1. En el país de Oz, la Junta es el problema, su diseño.

En Puerto Rico abundan quienes, contra toda evidencia, viven felices como si habitaran una versión tropical de Land of Oz, ese lugar improbable donde hasta Dorothy Gale termina tomando café con la Wicked Witch of the West… y nadie pregunta quién encendió el fuego. Por ello, muchos puertorriqueños viven cómodamente instalados en sus ficciones; y entre las más persistentes —y convenientes— está esa idea de que la Junta de Gobierno de la UPR es un ente neutral, casi técnico, cuando no es más que otra de las fantasías bien administradas del país. En su fantasía piensan que los nombramientos eran políticos, sí, pero responsables. Que había una distancia prudente entre el poder partidista y la universidad.

Hasta el momento en que dejó de haberla. Cuando una figura como Vanessa Santo Domingo —con trayectoria directa en la maquinaria electoral— entra a la Junta, lo que ocurre no es una desviación del sistema. Es su momento de sinceridad. De repente, lo que siempre estuvo ahí se vuelve visible: que la universidad está estructuralmente abierta a la ocupación política. No infiltrada. No capturada. Diseñada.

1. La indignación selectiva

Lo curioso —y aquí es donde la cosa se vuelve casi irónica— es que la indignación aparece ahora, como si el problema fuera la persona y no el mecanismo. Se critica el nombramiento. Se cuestiona la intervención. Se habla de politización. Pero nadie quiere tocar la pregunta incómoda: ¿y si la Junta funciona exactamente como fue concebida desde 1993? Porque entonces el problema no sería coyuntural. Sería estructural. Y eso es más difícil de enfrentar.

1. La universidad administrada

Lo que hemos ido normalizando, poco a poco, es una transformación silenciosa. La universidad dejó de ser un espacio de pensamiento autónomo para convertirse en una organización administrada, por Zayira Jordán Conde, cuyas aptitudes académicas no han sido reconocidas por ningún recinto del sistema UPR.

La universidad dejó de ser un espacio de pensamiento autónomo para convertirse en una organización administrada, hoy encarnada en una presidencia cuya función no es producir ni sostener un proyecto académico, sino ejecutar una lógica administrativa alineada con estructuras de poder externas al conocimiento.

Jordán Conde no es una excepción del sistema; es su expresión más coherente. Y claro, Jordán Conde tiene el aval de una Junta de Gobierno administrada por un cuerpo cuya mayoría responde —directa o indirectamente— al Ejecutivo, a Jenniffer González. Lo demás es retórica.

1. Democracia sin universidad (o casi)

Aquí es donde el asunto deja de ser universitario y se vuelve político en el sentido más profundo. Porque una universidad sin autonomía no es solo un problema académico. Es un problema democrático. Una universidad: produce pensamiento crítico, forma ciudadanía, cuestiona el poder Si ese espacio está estructuralmente condicionado, la democracia también lo está. No hace falta cerrar la UPR para debilitarla. Basta con que la Junta de Gobierno la administre.

1. Volver a 1993: la única discusión que importa

Por eso, insistir en discutir nombramientos sin discutir la estructura es perder el tiempo —o peor, simular que se está discutiendo algo. La única conversación seria es la que debe guiarse por las siguientes interrogantes. ¿Debe la universidad estar gobernada por una Junta nombrada por el Ejecutivo? ¿Puede existir autonomía bajo ese modelo? ¿Qué significa libertad académica cuando el poder político diseña la gobernanza?

Mientras esas preguntas no se hagan, todo lo demás es ruido. Cuando la retórica institucional insiste en presentar estas decisiones como administrativas, técnicas o inevitables, conviene detenerse y leer entre líneas. Porque hay un momento en que la comunicación deja de informar y comienza a justificar. Y cuando la retórica de las relaciones públicas se activa para explicar lo inexplicable, lo que suele estar en juego no es la claridad del mensaje, sino la legitimación del poder.

La Junta de Gobierno no es un problema reciente de la Universidad de Puerto Rico. Es su problema histórico no resuelto. Y mientras el país siga reaccionando a los síntomas —los nombramientos, las decisiones, las controversias— sin volver al origen, seguirá atrapado en el mismo ciclo. Porque hay estructuras que no necesitan defenderse. Les basta con que nadie las cuestione.